viernes, 17 de abril de 2009

¿Justicia para todos?

El GIM entiende que las discriminación implica una negación de derechos, principalmente el de equidad e igualdad ante la ley. En el seguimiento que realiza el GIM PERU al cumplimiento del Estado del Plan de Acción de Durban, se ha denunciado constantemente que el acceso a justicia de los grupos discriminados, más que una tarea pendente, es un tema sobre el cuál no hay la menor intención política de implementar reformas.
JUSTICIA PERUANA: ¡Sí se puede!
El mundo asistió hace diez días a la primera sentencia a un presidente civil por cargos de homicidio calificado (lesa humanidad). El gran portagonista fue Perú, que gracias al trabajo impecable de la sala demostró qe es posible juzgar a un ex-mandatario respetando además el debido proceso, los derechos humanos y sin ceder a presiones políticas y mediáticas.
Esto en términos de equidad significa un aliento: Se puede juzgar y sentenciar a cualquier persona que cometa un delito, así haya sido presidente, tenga millones de dólares, su esposa japonesa también sea millonaria, su hija sea congresista y sus antiguos compinches manipulen una campaña política pretendiendo presionar al gobierno de turno.
Se probó que las leyes y magistrados peruanos tienen lo que se necesita para aplicar la ley sin ninguna distinción o preferencia.
Lamentablemente este debe ser uno de los pocos, cuando no el único proceso judicial lperuano que se ha desarrollado con tal pulcritud.
¿Y SI SOY NEGRO(A), CHOLA(O), INDÍGENA?
Mientras el país exhibe estos logros (gran logro po cierto) ante la comunidad internacional, una mujer indígena que quiere presentar una denuncia, primero debe conseguir un traductor, porque los formularios y los funcionarios son hispano-hablantes. Al mismo tiempo, un joven afrooperuano puede convertirse rápidamente en sospechoso de un robo, siendo fácilmente detenido, maltratado y "depositado" en una cárcel en condiciones infrahumanas junto con otros cientos de presuntos delincuentes de rasgos principalmente indígenas y afrodescendientes. Todos epserando un juicio que demuestre su inocencia. Y es que el racismo presume culpables siempre a quienes no son blancos.
El poder político y económmico también es relativo frente al racismo. Un claro ejemplo de ello, es que estando tipificada la discriminación como delito en el Código Penal, aún son pocos los casos que se han judicializado, y la justicia le ha sido esquiva a dos Congresistas de la República que denunciaron el mlaltrato, la injuria y la discriminación racista de que fueron víctimas.
JUSTICIA TAMBIÉN ES REPARACIÓN
La sentencia a Fujimori comprende reparaciones a lso herederos de las víctimas y a los sobrevivientes de las matanzas juzgadas. Ya la Comisión de la Verdad y Reconciliación preveía también reparaciones para todas las víctimas -de todos los bandos agresores- que en algunos casos llegan a poblaciones indígenas. Pero ya anteriormente el Plan de Acción de Durban contemplaba reparaciones para los pueblos históricamente discriminados, incluso con una propuesta concreta de memoria (la ruta de la esclavitud) para los afrodescendientes.
Ahora que el Perú hace historia, es necesario que también se incluyan a estos actores intencionalmente olvidados por el prejuicio.
Es urgente ahora que parece alcanzarse justicia, recordar no solo los veinte años de violencia política, sino recordar los más de cinco siglos de racismo y exclusión que fueron (entre otros) el caldo de cultivo para la generación de ese conflicto armado interno que pende como una Espada de Damocles si es que el Perú no pasa a la construcción de un país sin ningún tipo de discriminación.
AGENDA PENDIENTE
El juicio a Fujimori ha demostrado que el sistema judicial cuenta con muchas normas que permiten un trato respetuoso de los derechos humanos, si existe la voluntad de hacerlo de esa manera. Por tanto un primer paso que el Estado, a través del Poder Judicial debe dar consiste en garantizar a todos un debido proceso, que en el caso de grupos discriminados debe incluir medidas que garanticen la plena comprensión del proceso en su idioma originario o de manera verbal para quienes tengan problemas de visión o de lectura. Ello supone también que abogados, fiscales, vocales y jueces superen sus propios prejuicios.
Es necesario crear conciencia que la discriminación es un delito tipificado y que se promueva y agilicen estos procesos, y que los vocales sean capaces de identificar un acto racista.
Otras tareas quedan por describir, el GIM solo desea enfatizar que el Plan de Acción de Durban contempla precisamente el acceso a justicia y reparación para los pueblos indígenas y afroperuanos. El Estado peruano debidamente representado asumió este compromiso, solo se espera que lo cumpla.

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