Conocimiento y Cumplimiento de Normas y Leyes sobre Discriminación en Funcionarios del Estado

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación Racial, el 21 de marzo del 2007, presentamos los resultados preliminares de nuestra investigación, cuyos resultados finales, compartimos ahora.

El objetivo de nuestra investigación era conocer el nivel de conocimiento e información de los funcionarios públicos, respecto a normas y leyes que promuevan la no discriminación; al mismo tiempo que sus percepciones sobre la discriminación en el sector público. Para ello se encuestó a funcionarios de los tres poderes del Estado:
Ejecutivo (trabajadores de los ministerios de salud, educación y trabajo)
Judicial (abogados y oficinistas del Poder Judicial)
Legislativo (personal del congreso y asesores de congresistas de las diversas bancadas)

La muestra empleada fue de un total de 30 trabajadores (15 varones y 15 mujeres) por cada institución, de modo que del ejecutivo se encuestó a 90, del PJ a 30 y del Congreso a otros 30, haciendo un total de 150 encuestados. La selección de la muestra fue accidental, o lo que se conoce como encuesta al paso, formulándose tres preguntas abiertas que fueron registradas en audio. Se tabularon las respuestas de acuerdo a las respuestas obtenidas, de la siguiente manera:

¿Ha sido testigo de algún hecho de discriminación en su sector?
El 75% de los funcionarios y representantes del sector público encuestados afirma haber sido testigo de un acto de discriminación.
Los tipos más frecuentes de discriminación que han podido observar son:
Racial y étnico cultural (55%)
Género (30%)
Económica (10%)
Otros (5%) Incluye: Orientación sexual, condición de contratado/nombrado, lugar de procedencia y nivel educativo.

¿Conoce usted alguna ley o normas sobre discriminación?
El principal marco jurídico de protección que refieren es la Constitución Política del Perú. (85%). Llama la atención, que en el caso del poder judicial solo 5 trabajadores pudieron citar otras normas como el recientemente modificado código penal o los tratados internacionales.
Quienes afirman conocer alguna norma o ley en el tema, refieren que pese a que existen leyes y normas, el problema radica en que estas no se cumplen, están mal hechas y que la creación de leyes no es la solución.

¿Qué se puede hacer pasa solucionar este problema desde su sector?
De acuerdo a cada poder del Estado, las respuestas fueron las siguientes:
Poder Judicial
El 60% de los funcionarios encuestados del PJ, afirma que la competencia directa para contribuir a la no-discriminación en el país, la tienen las escuelas y la formación personal, por lo que corresponde al MED intervenir.
Ministerios
40% de los funcionarios de los ministerios, consideran que es responsabilidad del PJ hacer cumplir las leyes que existentes para que no haya discriminación.
Poder Legislativo
El 45% de los encuestados afirman que su responsabilidad consiste en hacer leyes que protejan a todos los ciudadanos.

Sin embargo, ante esta pregunta, el 40% de los encuestados hizo referencia también a la acción individual consistente en respetar a los demás sin discriminación, y hacer valer sus propios derechos o-discriminación en el país. También se hizo énfasis en la labor de la educación en la formación personal, en especial desde la escuela, invocando al MED a intervenir; sin embargo, esta apreciación fue realizada principalmente desde el poder judicial y legislativo; preocupa que solo un (01) funcionario del MED señalara esta tarea como propia.
Finalmente existe un porcentaje significativo (23%, o 35 personas) que afirma que se puede hacer muy poco o casi nada, ya que el cambio de mentalidad esta más difícil que solo hacer las leyes.

Compartimos reflexiones finales:
- Es necesario profundizar en el tema de la sensibilidad de los funcionarios y representantes del Estado respecto al problema de la discriminación. En la mayoría de los casos, no es percibido como un problema, por tanto no es atendido.
- Desarrollar investigaciones cualitativas que permita descubrir donde radica la causa de la negación o invisibilización de la discriminación en el sector público.
- Se debe desarrollar un programa de capacitación integral para funcionarios, que permita una mejor información y sensibilidad respecto al tema de discriminación y racismo.