Pronunciamiento del GIM PERÚ a Siete años del Informe de la CVR

"A mí me quitaron la ropa, con un palo grueso me ha metido en el estómago,

me desmayé, de ahí, me dijeron: indio de mierda levántate"

Testimonio 500996 (CVR)

 

"En una guerra convencional tú ves al enemigo y sabes quién es.

Pero en esta guerra subversiva tú no ves al enemigo pero el enemigo si te ve a ti,

porque tú eres blanco, porque estás con el uniforme"

Testimonio del sargento de la PNP, señor José Rafael Vives Angeles. (CVR)

 

"Cuando vi amontonado la ropa de mi hija comencé a gritar,

entonces un soldado me dijo: ¡Terruca es, todavía estás gritando!

Yo respondí: ¡Mi hija es inocente!. Empecé a gritar y llorar,

entonces el Comandante me dijo: '¿Por qué gritas, por qué bramas?

si tu hija está viva, ésta, una chola, una india, una serrana, ésta tiene vida,

mientras mis soldados han muerto.

Testimonio 332086 (CVR)

 

El
Informe entregado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) nos permitió conocer estos y otros testimonios que reflejan la dimensión de este conflicto fraticida iniciado por la decisión de Sendero Luminoso –según la propia CVR- de enfrentarse al Estado Peruano, y que puso en evidencia varias de nuestras deficiencias como país incluyendo el racismo, el sexismo, la homofobia, el autoritarismo, pero también la solidaridad y valor de miles de peruanos que finalmente logramos vencer a la violencia y restaurar la democracia.

Contrariamente a lo que muchos piensan, la CVR sí escuchó a todas las partes involucradas en el conflicto, incluyendo a las Fuerzas Armadas y Policiales, y tuvo entre sus comisionados a personajes de diversas procedencias y simpatías políticas, no solo de izquierda, como la ex vice-ministra y congresista fujimorista Beatriz Alva Hart, el Tnte. Gral. FAP (r) Luis Arias Grazziani, y el Pastor Humberto Lay Sun, entre otros.
La CVR no enjuició ni sentenció, pero sí elaboró una serie de recomendaciones encaminadas a evitar que hechos de esta naturaleza se repitan en nuestra sociedad. Las recomendaciones
no son vinculantes por sí mismas, pero fueron incorporadas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 (PNDH), convirtiéndose así en políticas de estado. Pero sobre todo, debemos esforzarnos en seguirlas para que las muertes del pasado no sean en vano, para que el presente que gozamos sea sólido, para que el país tenga un futuro donde todos y todas las peruanas vivan en armonía y con equidad.

En el marco del sétimo aniversario de la entrega del Informe de la CVR al país, realizado en la ciudad de Huamanga, Ayacucho el 28 de agosto de 2003, deseamos pronunciarnos sobre siete puntos:

• Justicia:    La impunidad genera inestabilidad a nivel social, y entorpece el cierre de heridas a nivel individual. La justicia en cambio promueve la armonía social y posibilita una verdadera reconciliación. De un lado, se ha avanzado con la justicia encontrando y sancionando diversos culpables desde el Estado como Alberto Fujimori y el Grupo Colina, pero aún falta avanzar en la condena de otros asesinos que en su momento ordenaron y ejecutaron crímenes entre los años 1980, 1985 y la década de los noventa. Así como es importante que este grupo de victimarios cumpla sus condenas sin usar el poder para perpetuar su impunidad, también es fundamental para la justicia que quienes ya fueron condenados por su participación en Sendero Luminoso o el MRTA cumplan también con su sentencia conforme a ley.
  
  • En ese sentido deseamos llamar la atención sobre la forma irresponsable, alarmista y tendenciosa en que los medios de comunicación masivos se expresan respecto a la liberación de personas que han cumplido sentencia por terrorismo; debemos entender que la justicia estimó de acuerdo a la gravedad de los delitos y la posibilidad de reinserción el tiempo a cumplir, que en casos como el de Abimael Guzmán es perpetuo, pero en otros casos, muchos ya han pagado su deuda con la sociedad y tienen también derecho a reintegrarse como peruanos a la vida social.
    
  • También debemos saber diferencia a quienes fueron hallados culpables con sentencia ratificada, de aquellos que fueron injustamente encarcelados: los inocentes liberados, a ellos el Estado sí les debe un desagravio y reparación por haberles injuriado y privado de su libertad sin haber cometido crimen alguno de acuerdo a lo que se investigó no solo en democracia, sino incluso desde el fujimorismo con la comisión presidida por el padre Lanssier.
    
  • Es imperativo enterarnos y socializar la información al respecto para combatir estas campañas que buscan generar miedo en la población y reafirmar el autoritarismo como supuesta solución.
    

  
   

  
   

• Desaparecidos:    Si la justicia ayuda emocionalmente a cerrar heridas, estas jamás terminan de cerrarse cuando se desconoce el destino final de los seres queridos. Quienes no han podido enterrar los restos de sus familias, a quienes se les ha negado el paradero de los desaparecidos, guardan siempre la esperanza de encontrarlos, y luchan por hallarlos.
  
  • El Estado peruano está en el deber de priorizar la exhumación humanitaria de 15.000 desaparecidos
    enterrados en 4.600 fosas clandestinas, para recibir un entierro apropiado, y para facilitar el acceso a justicia, pues existen jueces que ante la ausencia del cuerpo dudan en condenar el crimen.
    
  • Estamos convencidas de que las víctimas no merecen seguir mendigando justicia, o morir sin saber qué fue de sus familiares, como ya ha sucedido con muchos padres y madres que jamás supieron el destino de sus hijos.
    

  
   

  
   

• Reparación:    El Estado peruano por acción o por omisión es responsable –y todos con él- de la muerte, desaparición, heridas, encarcelamiento injusto, desplazamiento, viudez y orfandad de nuestros compatriotas. Ya que no actuó en el momento protegiendo, o peor, actuó atentando, hoy es tiempo de restablecer el derecho negado a través de las reparaciones.
  
  • El actual gobierno liderado por García mostró su falta de voluntad política –pese o a causa de tener también responsabilidad directa en lo ocurrido entre 1985 y 1990- al prácticamente dejar sin presupuesto a la Comisión de Reparaciones. Esto no solo tiene un impacto al negarse un derecho a las víctimas, sino que atenta contra la propia credibilidad del Estado, debilitándose a sí mismo frente a la sociedad.
    
  • Exigimos al presidente Alan García y al Congreso de la República que demuestren voluntad política para cumplir con el Registro Único de Víctimas y Plan Integral de Reparaciones, garantizando la designación de un presupuesto adecuado para ambos.
    

  
   

  
   

• Memoria(s) para florecer:    Aún quienes vivimos el tiempo de violencia política, por indiferencia, desinformación o mecanismo de defensa, desconocemos la total dimensión de lo ocurrido y necesitamos recordar, aprender, sentir constantemente para no olvidar. No se construirá una memoria única, no es la finalidad tampoco, pero sí lo es develar y difundir la verdad, y evitar las mentiras disfrazadas de opinión.
  
  • Estamos convencidas de que se trata de un trabajo constante, individual y colectivo en pequeña y gran escala que requiere el compromiso de cada uno, interesándonos y debatiendo.
    
  • Creemos que se trata también de un trabajo que trasciende el tiempo y las generaciones, de allí la importancia de saber transmitir a través de la educación formal y no formal la verdad, el dolor y la esperanza vivida por el país.
    
  • Invocamos a que se concretice la creación del anunciado "Museo de la Memoria", pero que este recoja realmente los diversos actores del conflicto armado interno y sus diferentes interpretaciones de los hechos, ya que solo así podremos tener una visión más amplia y cercana a la verdad de las causas y efectos del periodo de violencia.
    

  
   

  
   

• PNDH:    El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 establece como un objetivo para lograr institucionalizar y transversalizar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas (logro estratégico 1), implementar las recomendaciones del informe de la CVR, que incluyen los temas de justicia, reparaciones, educación, pero también de justicia militar y reforma institucional.
  
  • Como GIM Perú, y entendiendo que el racismo estuvo presente en las causas, desarrollo y consecuencias del conflicto armado interno, valoramos lo señalado en el cuarto logro estratégico: "Implementar políticas afirmativas a favor de los derechos de los sectores de la población en condición de mayor vulnerabilidad, en condiciones de igualdad de trato y sin discriminación"
    
  • Nos preocupa que siendo este año aquel en el cual deberían haberse cumplido las metas, apenas se haya avanzado en la construcción de indicadores, y es evidente que no ha habido ningún esfuerzo por parte de este gobierno de cumplir con esta política de estado.
    
  • Demandamos la derogatoria de los decretos legislativos que criminalizan la protesta social, tipificándola como acciones terroristas. Estos hechos representan un retroceso en materia de derechos, pues estos han tenido como consecuencia el incremento de muertes civiles en acciones de represión a la protesta social por parte de las fuerzas del orden.
    
  • Consideramos que se requiere reformular y extender el plazo del PNDH, pero si no existe una clara voluntad política, ninguna extensión valdrá la pena y no se habrán logrado los objetivos que traza este plan, que por la forma como fue construido refleja las necesidades, demandas y aspiraciones de la sociedad en materia de derechos.
    

 

• Equidad:    Los testimonios con los que iniciamos esta publicación dan fe de los prejuicios, desigualdades y la profunda inequidad que existía, y aún existe en nuestro país. Los dos tercios de víctimas quechuablantes, el enfrentamiento casi étnico en poblaciones Asháninkas, los ajusticiamientos a gays y trans, las violaciones sexuales a mujeres, el "perfil de terrorista" construido en base a rasgos étnicos, la indiferencia que hasta hoy nos persiguen, son un crudo reflejo de la exclusión de la que son víctimas los grupos históricamente discriminados. Por eso, el GIM como lo hiciera desde su fundación hace diez años y lo ratificara al conocerse el Informe de la CVR, se reafirma en señalar la necesidad de construir un país más equitativo como un paso indispensable para evitar que se generen en el futuro nuevos hechos de violencia. Incluso, afirmamos que en el presente los conflictos sociales que siguen cobrando vidas de compatriotas están teñidos de la misma indiferencia despectiva hacia quienes tienen rasgos étnicos, cultura o cosmovisión diferentes a la occidental, machista hegemónica y que hoy luchan por sus derechos y los derechos de la tierra.
  
  • Requerimos la inmediata aprobación y promulgación del Proyecto de Ley 3584/2009/CR "Contra los crímenes de Odio" para que nadie más sea víctima de violencia por causa de su orientación o identidad sexual, su raza, color u otros.
    
  • Propugnamos la investigación, sanción y reparación a las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas durante la dictadura fuji-montesinista, que hasta el día de hoy no han alcanzado justicia.
    
  • Invocamos al cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, al territorio, autodeterminación y a la identidad, para prevenir futuros etnocidios como sucedió con los pueblos Asháninka y Yanesha, que estuvieron en riesgo de ser exterminados durante el periodo de violencia política al encontrarse en medio de dos bandos
    
  • Exhortamos a los medios de comunicación, los líderes de opinión y al público en general a erradicar toda manifestación racista, discriminatoria basada en estereotipos o prejuicios hacia algún sector de la población, como lo ocurrido con nuestros hermanos quechuahablantes que fueron constituyeron el 75% de las víctimas del conflicto armado, siendo estigmatizados por su identidad, rasgos físicos y lugar de procedencia.
    

  
   

  
   

• Democracia:    Finalmente deseamos reafirmar nuestra convicción en la construcción de una democracia sólida y un estado de derecho, sin los cuales ningún tipo de desarrollo o bienestar son posibles. Entendemos que la democracia es un principio que nace desde la igualdad de oportunidades y acceso a los derechos para todos y todas, sin ningún tipo de distinción, exclusión ni marginación, y que va más allá de un proceso electoral o un sistema de gobierno.
  
  • Demandamos la elaboración e implementación de políticas públicas diferenciadas que garanticen igualdad de oportunidades para los pueblos históricamente discriminados.
    
  • Promovemos un sistema de participación representativo democrático que incluya realmente a todos y todas sin ningún tipo de discriminación, en la que los grupos históricamente discriminados tengan capacidad de decisión política en todos los niveles de gobierno.
    
  • Rechazamos toda forma de corrupción e impunidad manifiesta o disimulada que viole el estado de derecho y el acceso a justicia de los ciudadanos sin distinción alguna.
    

 

¡POR JUSTICIA Y POR VERDAD NUNCA MÁS IMPUNIDAD!

 

 

Lima, 28 de agosto de 2010

Grupo Impulsor contra el Racismo y otras formas de Discriminación